Staff Hoja de Ruta
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla anunció una inédita investigación en contra del Ayuntamiento de Puebla ante quejas presentadas por mujeres servidoras públicas de la Comuna que “coinciden en referir hechos presuntamente relacionados con violencia por razón de género, así como actos de
discriminación y posibles afectaciones al ejercicio de sus funciones”.
A la par, demandó al alcalde José Chedraui Budib una serie de medidas que van desde su plena colaboración en la investigación y la adopción “de medidas institucionales preventivas, precautorias y de protección para evitar actos de represalia, intimidación, obstaculización, hostigamiento o victimización secundaria en perjuicio de las personas quejosas, testigos o de quienes participen” en la indagatoria.
“La reiteración de señalamientos de esta naturaleza no puede ser pasada por alto, ni considerada como algo menor, particularmente cuando se vincula con el funcionamiento interno de un ente municipal y éste forma parte de la ‘Declaratoria de Alerta de Violencia contra las Mujeres’ que exige acciones claras y puntuales a medidas de prevención, atención, seguridad, justicia y reparación”, advirtió la institución en un comunicado.
Previo al anuncio, existen al menos dos casos documentados de presuntos casos de violencia política de género. El 20 de febrero de este año, la activista Guedany Figueiras Ayala denunció un presunto despido injustificado por parte de la regidora de Morena Guadalupe Vanesa López, quien le advirtió que todo se debía a “presiones políticas externas”.
Esas “presiones”, aseveró la afectadas, se debían a su participación de diferentes marchas y protestas en la entidad. Ante esa situación acudió la CDH de Puebla y la Fiscalía General del Estado para denunciar la situación.
Otro caso fue el de Esther Ortiz Pérez. A principios de este año, la regidora de Movimiento Ciudadano solicitó a su compañero de Morena Samuel Hernández Carranza justificar el viaje que realizó a Nueva York. La única respuesta que recibió del morenista fue que mejor fuera a atender sus “asuntos familiares”.
En su comunicado, la Comisión de Derechos Humanos informó que “ha recibido diversas quejas” por parte de servidoras públicas que laboran en el Ayuntamiento de Puebla en las que denuncian presuntos casos de discriminación y violencia por razón de género, así como posibles afectaciones al ejercicio de sus funciones.
En el documento se asienta que si bien no existe un prejuzgamiento sobre la veracidad de las denuncias ni se anticiparán responsabilidades hacia alguna autoridad, la “Comisión ha iniciado las actuaciones correspondientes con la finalidad de esclarecer los acontecimientos, pues la recurrencia de señalamientos de esta naturaleza al interior de una institución pública municipal exige una actuación diligente, seria y oportuna”.
En cuanto al alcalde de Puebla, la Comisión de Derechos Humanos le solicitó “adoptar acciones inmediatas, diligentes y verificables para prevenir que hechos de esta naturaleza continúen presentándose, evitar nuevos casos, proteger a las personas quejosas frente a cualquier forma de represalia, garantizando que el servicio público municipal se ejerza en condiciones de seguridad y no discriminación”.
Por lo que desglosé en tres partes la intervención del edil:
*Colabore de manera plena, oportuna, documentada y de buena fe con las investigaciones que lleva a cabo este organismo, remitiendo toda la información que le sea requerida, sin obstáculo alguno, con la finalidad de llegar a la verdad de los hechos.
*Adopte medidas institucionales preventivas, precautorias y de protección para evitar actos de represalia, intimidación, obstaculización, hostigamiento o victimización secundaria en perjuicio de las personas quejosas, testigos o de quienes participen en los procedimientos que se siguen tanto en esta Comisión Estatal, como en las vías penales y administrativas.
*Garantizar espacios laborales e institucionales libres de violencia y discriminación, fortaleciendo las vías internas de atención.
El comunicado asiente: “Estas acciones no sustituyen la investigación que desarrolla la Comisión, así como tampoco implican una determinación anticipada sobre los hechos denunciados; por el contrario, buscan prevenir la repetición de posibles conductas violatorias de derechos humanos”.
