Iván Rivera
En Puebla, el problema del agua no empieza en la escasez, sino en lo que se pierde antes de llegar a las casas: casi 4 de cada 10 litros que se extraen de los pozos simplemente no llegan a los usuarios.
Durante su comparecencia ante el Congreso, Josefina Morales Guerrero, titular del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap), expuso que el sistema extrae anualmente más de 110 millones de metros cúbicos de agua, pero una parte sustancial se diluye entre fugas en la red y conexiones ilegales.
El dato es contundente: alrededor del 40 por ciento del volumen se pierde en el camino.
Detrás de esa cifra hay dos problemas distintos. Por un lado, el deterioro de la infraestructura como tuberías dañadas y redes obsoletas, provoca pérdidas físicas cercanas al 21 por ciento.
Por otro, el llamado “huachicol del agua” representa otro 20 por ciento: tomas irregulares o desvíos hacia redes no registradas que no generan ningún ingreso al sistema.
El resultado es un servicio insuficiente: actualmente, cada habitante recibe en promedio 138 litros por segundo, lejos del nivel óptimo estimado en 191.
La presión sobre el sistema no es nueva, pues mientras la necesidad supera los 126 millones de metros cúbicos anuales, la extracción se mantiene por debajo de ese nivel.
A esto se suma un cuello de botella administrativo. Las gestiones ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para ampliar el volumen disponible o perforar nuevos pozos siguen sin resolverse.
Entre solicitudes de reasignación, nuevas concesiones y la prórroga de títulos, hay trámites detenidos desde 2023 que, de avanzar, permitirían sumar más de 10 millones de metros cúbicos adicionales.
Sin esas autorizaciones, el margen de maniobra es limitado e incluso está en juego la vigencia de concesiones actuales.
Por otro lado, el modelo de operación también está bajo revisión, luego de que la concesionaria Agua de Puebla acumula observaciones por inversiones que no ha logrado comprobar, por más de 400 millones de pesos en distintos periodos.
Mientras tanto, la empresa reporta haber invertido recursos en mantenimiento, rehabilitación de pozos y mejora de redes, además de un incremento reciente en el suministro que benefició a más de 240 mil habitantes que antes recibían agua solo algunos días a la semana. Aun así, las quejas persisten.
El organismo arrastra además una deuda superior a los 2 mil millones de pesos, con compromisos tanto con la banca de desarrollo como con el gobierno estatal, cuya liquidación está proyectada hacia 2028.
