Iván Rivera
Las declaraciones del Coordinador de Gabinete del Gobierno de Puebla, José Luis García Parra, sobre los presuntos sobrecostos en obras del Ayuntamiento de San Andrés Cholula no surgieron en el vacío. El señalamiento directo de que algunas administraciones municipales “creen que son tiempos de antes” y que intentan inflar costos para enriquecerse a través de constructoras, tiene un trasfondo documentado que apunta al pasado inmediato de ese municipio: la administración encabezada por Edmundo Tlatehui Percino.
Cuando García Parra confirmó que la Auditoría Superior del Estado podría abrir investigaciones por posibles daños al erario en obras públicas y advirtió que no habrá persecución política, puso sobre la mesa un expediente incómodo para el panismo cholulteca.
No solo por la polémica solicitud de mil millones de pesos para pavimentar ocho calles hecha por la alcaldesa Lupita Cuautle, sino porque esa petición revivió el historial financiero de la gestión que la antecedió y que hoy sigue marcando el rumbo del gobierno municipal.
“Ellos sí están pensando en las campañas y ahí es donde se equivocan, van a señalar persecución, porque además la administración anterior que le entregó la silla, está sujeta a una revisión de la ASE con observaciones millonarias”, expresó este lunes el Coordinador de Gabinete.
Observaciones pendientes
Edmundo Tlatehui Percino presumió durante meses que su administración había sido tan exitosa que permitió a San Andrés Cholula convertirse en el único municipio de la oposición en la zona metropolitana que logró retener el poder.
Ese discurso lo llevó a autonombrarse uno de los principales liderazgos del PAN en Puebla y a proyectarse, junto con Cuautle Torres, como parte de un bloque político con aspiraciones de largo alcance. Sin embargo, los informes de la Auditoría Superior del Estado cuentan una historia diametralmente opuesta.
De acuerdo con la ASE, durante los dos primeros años completos del gobierno de Tlatehui, más de 596 millones de pesos presentaron observaciones por presunto daño patrimonial.
En términos prácticos, casi uno de cada tres pesos del presupuesto aprobado en ese periodo terminó bajo sospecha por irregularidades graves, mala documentación o posible uso indebido de recursos públicos.
En 2022, el Ayuntamiento de San Andrés Cholula ejerció un presupuesto de 862.1 millones de pesos. La Auditoría revisó poco más de la mitad de esos recursos y detectó 10 irregularidades que representaron un probable daño patrimonial de más de 230.7 millones de pesos, equivalente al 26.75 por ciento del presupuesto total de ese año.
El escenario empeoró en 2023. Con un presupuesto autorizado de 965.8 millones de pesos y una muestra auditada superior al 85 por ciento, la ASE identificó 82 irregularidades y un presunto daño patrimonial de 365.8 millones de pesos.
El salto es revelador: en un solo año, las observaciones se multiplicaron por ocho y el porcentaje del presupuesto observado creció hasta casi el 38 por ciento.
Los rubros señalados por la Auditoría coinciden con prácticas que hoy el gobierno estatal dice estar decidido a erradicar. En servicios generales, por ejemplo, se presumió un daño superior a los 104 millones de pesos debido a la ausencia de pólizas contables, facturas, autorizaciones presupuestales y evidencia de pago.
En subsidios y ayudas sociales, se detectaron irregularidades por 54 millones de pesos, sin criterios claros de asignación ni pruebas de que los apoyos llegaran realmente a los beneficiarios.
En materiales y suministros, artículos de construcción, productos químicos, refacciones y otros insumos generaron observaciones por alrededor de 46 millones de pesos, nuevamente por expedientes incompletos y falta de comprobación fiscal.
En todos estos casos, el Órgano Interno de Control municipal no actuó de manera oportuna, dejando pasar irregularidades que hoy forman parte del cúmulo de señalamientos.
La cuenta pública 2023 dejó al descubierto uno de los episodios más delicados: la contratación de servicios profesionales y técnicos, incluidos programas de atención psicológica para mujeres en situación de violencia, a través de la empresa BDTC Consultores SA de CV.
Aunque el Ayuntamiento presentó contratos, CFDI y oficios de justificación, la ASE solo dio por solventados 698 mil pesos; más de 38 millones quedaron sin aclarar. La Auditoría cuestionó la falta de licitación pública, la ausencia de avisos a la Contraloría municipal y la inexistencia de evidencia que acreditara que los servicios se prestaron efectivamente.
A esto se suman observaciones en la compra de combustibles y lubricantes, donde se detectaron decenas de pólizas sin documentación justificativa suficiente, así como posibles daños patrimoniales en gastos de orden social y cultural, difusión gubernamental, adquisición de vehículos y ayudas sociales, por montos que en conjunto superan los 100 millones de pesos.
La victimización
Es en este contexto que cobran relevancia las palabras de García Parra, quien este lunes advirtió que algunos Ayuntamientos ya estarían construyendo un discurso de “persecución política” con miras a las campañas.
De hecho, el pasado 29 de enero, la presidenta Lupita Cuautle anticipó que 2026 será un año “difícil” para su administración y atribuyó las críticas a una supuesta ofensiva política en su contra, al asegurar que su gobierno incomoda por asumirse como la única oposición vigente en el estado.
“Somos la única alternativa de gobierno en el presente y en el futuro, somos una alternativa de gobierno que a muchos incomoda y a otros más les molesta e irrita que entreguemos resultados. Como gobierno de oposición sabemos que no sólo puede ser puro corazón y buenas intenciones, porque se corre el riesgo de que el gobierno camine en la oscuridad de la improvisación y la ocurrencia”, manifestó.
El discurso, sin embargo, surgió en medio de señalamientos concretos por presuntos sobrecostos e irregularidades financieras, como los denunciados por el exregidor Raymundo Cuautli, quien acusó que obras como la Radial Cuayantla y el Deportivo Quetzalcóatl presentan montos inflados y falta de sustento técnico, además de cuestionar el manejo de recursos y la opacidad en Cabildo, por lo que solicitó la intervención de la ASE.
