En sesión pública ordinaria del Congreso del Estado, el diputado Julio Miguel Huerta Gómez presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla, con el propósito de completar el ciclo de apoyo para garantizar que las víctimas de violencia no solo sean protegidas de manera inmediata, sino también para ofrecerles una solución a largo plazo que fomente su autonomía y bienestar, al definir claramente el papel de las Casas de Medio Camino en el proceso de recuperación integral.
Se pretende asegurar que las mujeres, al salir de estos espacios, tengan las herramientas necesarias para vivir libres de violencia, con la posibilidad de reintegrarse de manera plena en la sociedad.
Para su estudio y resolución procedente, la propuesta legislativa se turnó a la Comisión de Igualdad de Género.
Asimismo, la diputada Angélica Patricia Alvarado Juárez presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado de Puebla, con el propósito de incorporar el principio de interseccionalidad, a fin de reconocer que las formas de discriminación pueden concurrir y agravarse cuando interactúan múltiples factores de vulnerabilidad. Se pretende la implementación de medidas diferenciadas para garantizar la igualdad sustantiva.
La propuesta legislativa se envió a la Comisión de Derechos Humanos para su análisis respectivo.
En su momento, el diputado Elías Lozada Ortega presentó una iniciativa para reformar diversas disposiciones del Código Civil, con la finalidad de no solo cambiar la terminología jurídica de “menores” por la de “niñas, niños y adolescentes”, sino reforzar el compromiso con la protección integral de la infancia y la adolescencia, conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos.
La propuesta del diputado se dirigió a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.
La diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala y el diputado Pavel Gaspar Ramírez presentaron una iniciativa para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Prevención, Atención y Sanción de la Violencia Familiar para el Estado de Puebla, con el objetivo de actualizar y humanizar el lenguaje para sustituir tecnicismos jurídicos obsoletos o inadecuados, y eliminar cualquier término que pueda resultar discriminatorio, en estricto cumplimiento del Principio Pro Persona. También se busca el fortalecimiento operativo y la coordinación institucional e interinstitucional.
Para su estudio y dictaminación procedente, la iniciativa se dirigió a la Comisión de la Familia y los Derechos de la Niñez.
Por su parte, la diputada Cinthya Gabriela Chumacero Rodríguez presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Gobierno Digital, con el objetivo de reconocer expresamente la obligación de habilitar mecanismos que permitan a las personas usuarias manifestar, actualizar o reservar su identidad de género autopercibida en los portales transaccionales y sistemas digitales, para evitar que el acceso a servicios públicos quede condicionado a la exposición de información sensible.
La propuesta legislativa fue turnada a la Comisión de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.
En tribuna, la diputada Xel Arianna Hernández García, a nombre de las legisladoras Esther Martínez Romano, Angélica Patricia Alvarado Juárez y Araceli Celestino Rosas, así como de los diputados José Luis Figueroa Cortés y Óscar Mauricio Céspedes Peregrina, presentó un punto de acuerdo por el que exhortan a los Ayuntamientos y a los Concejos Municipales, para que realicen la asignación o reasignación necesaria de recursos suficientes y progresivos a las Instancias Municipales de las Mujeres, garantizando su creación, fortalecimiento, operación continua y plena integración dentro de sus estructuras orgánicas, como una inversión esencial para el bienestar, la seguridad y los derechos humanos de las mujeres en cada Municipio.
Para su estudio y resolución procedente, el punto de acuerdo fue enviado a la Comisión de Presupuesto y Crédito Público.
