En el mapa del agua mexicana, Puebla y Tehuacán aparecen con manchas rojas. Son las zonas con más reportes por extracción clandestina, venta ilegal de agua y desvío de concesiones agrícolas. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) confirmó que, desde la apertura de su plataforma de denuncias, ha recibido más de mil 500 quejas por uso irregular del recurso, la mayoría provenientes de estas regiones del centro del país, donde la falta de control convirtió al agua en mercancía.
Efraín Morales, titular de Conagua, explicó que la cifra refleja un problema estructural: durante años se permitió el acaparamiento de volúmenes de agua sin fiscalización efectiva. “Estamos frente a una distorsión profunda: hay quienes hicieron del agua su negocio sin producir nada. Lo que buscamos ahora es poner orden, devolver el control al Estado y garantizar que el agua cumpla su función social”, señaló.
El nuevo portal app.conagua.gob.mx/podal permite a cualquier ciudadano reportar pozos ilegales, desvíos de uso y venta en pipas. Los reportes pueden hacerse de manera anónima y cada caso se atiende con seguimiento puntual. “Establecemos contacto directo con las y los denunciantes y no cerramos un expediente hasta concluir la verificación”, explicó Morales.
En los primeros meses de funcionamiento del sistema, Conagua ha emprendido más de cuatro mil verificaciones en campo, muchas de ellas en municipios poblanos donde los permisos agrícolas se desviaron a la comercialización del agua mediante pipas. Las inspecciones revelaron también concesiones vencidas, títulos ubicados en zonas costeras y registros falsos que operaban desde hace más de una década.
La nueva Ley General de Aguas, actualmente en discusión en el Congreso, busca cerrar esas grietas. Su espíritu es transformar el modelo hídrico para que el agua deje de ser vista como mercancía y se reconozca como derecho humano y bien público. De acuerdo con Morales, “el Estado debe ser quien garantice el acceso, no los intermediarios que especulan con el recurso”.
Puebla y Tehuacán son, en este sentido, laboratorios de la crisis hídrica nacional. En Tehuacán, un valle agrícola históricamente fértil, el descenso de los mantos acuíferos ha sido drástico. A pesar de ello, el negocio de las pipas privadas creció con rapidez, alimentado por pozos ilegales o concesiones irregulares. En algunos barrios, las familias pagan por una cisterna lo que antes representaba un mes de consumo doméstico.
El contraste es evidente: mientras comunidades rurales carecen de agua potable, grandes invernaderos y plantas de exportación operan con suministro continuo. Por eso las denuncias ciudadanas se han multiplicado. “El cambio empieza desde abajo. Las personas conocen dónde están los abusos y quién controla el agua”, dijo Morales.
El diagnóstico federal señala que de quinientos treinta y seis mil títulos de concesión, solo veinte por ciento paga los derechos correspondientes. El resto opera en condiciones de opacidad o con uso distinto al autorizado. Para revertir esta situación, Conagua construye el Registro Nacional de Aguas, una base de datos digital con trazabilidad completa: cada movimiento quedará documentado y podrá ser consultado por cualquier persona.
“Queremos que nadie pueda manipular los registros ni otorgar concesiones en la sombra”, explicó Morales. El sistema permitirá saber qué funcionario intervino, cuándo y con qué fundamento legal, un paso crucial para erradicar la corrupción que por años caracterizó a las delegaciones locales.
En paralelo, la iniciativa plantea la creación de un Fondo de Agua que agrupará a distintas dependencias —Hacienda, Economía, Medio Ambiente, Desarrollo Urbano— para definir nuevas concesiones y proyectos estratégicos bajo criterios colegiados y transparentes. El objetivo es impedir que los permisos sean objeto de tráfico político o de favores entre elites locales.
Los foros de Parlamento Abierto que acompañan el proceso legislativo han retomado las denuncias como base para rediseñar los consejos de cuenca y revisar los distritos de riego, considerados los espacios más vulnerables a la corrupción. En estos encuentros, campesinos, ejidatarios y organizaciones civiles reclaman que se incluyan mecanismos de auditoría social, y que la vigilancia no dependa solo de la autoridad, sino también de las comunidades.
En Puebla, los testimonios son numerosos. Agricultores del Valle de Atlixco denuncian que desde hace años los canales de riego son controlados por intermediarios. En Tehuacán, la proliferación de pozos industriales ha secado comunidades enteras. Cada denuncia que llega al portal de Conagua es una historia de resistencia frente al abuso.
La milésima quinientas denuncia registrada marca un punto simbólico: la ciudadanía empieza a apropiarse de la defensa del agua como derecho colectivo. Si antes la corrupción fluía por los mismos canales que el líquido, hoy la transparencia se abre paso entre los surcos. Puebla y Tehuacán, que durante años encarnaron el problema, podrían convertirse en el ejemplo de un cambio que apenas comienza.
