El operativo que derivó en la detención de 13 implicados en el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz tiene un fuerte componente político. No se trata solo de un crimen de alto impacto, sino del atentado más grave contra el círculo íntimo de la jefa de Gobierno, Clara Brugada. El golpe de este miércoles busca enviar un mensaje de control y fortaleza institucional.
Brugada, respaldada por las dependencias de seguridad federal y capitalina, subrayó que la coordinación permitió avanzar en un caso que la oposición había colocado como ejemplo de la supuesta fragilidad de su administración. El anuncio llega tres meses después del ataque, en un momento clave en el que Morena busca blindar su narrativa de que “en la ciudad no hay impunidad”.
Las capturas, sin embargo, no son la conclusión. Autoridades confirmaron que el agresor directo aún no ha sido localizado. De igual forma, los autores intelectuales siguen fuera del alcance de la justicia. Esta omisión abre preguntas sobre las redes detrás del crimen y sus posibles vínculos con estructuras criminales más amplias.
El detalle de que las víctimas fueron espiadas durante 20 días refuerza la hipótesis de un ataque con motivaciones políticas, más allá de un hecho aislado. El uso de cinco vehículos y la huida hacia el Estado de México apuntan a una logística compleja, difícil de sostener sin apoyos financieros y territoriales.
Mientras la Fiscalía se reserva líneas de investigación, la opinión pública exige claridad. El recuerdo de Mercedes Hernández protestando sola en el sitio del crimen, con una cartulina que rezaba “Tres meses de desolación, de rabia, de impunidad”, resume el sentir social: las detenciones son un paso, pero no alcanzan para restituir la confianza.
