La muerte de Irma Hernández Cruz, profesora jubilada y taxista de 62 años, se ha convertido en un caso emblemático no solo por su brutalidad, sino por el choque de versiones entre autoridades estatales. Este lunes, la Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó que la causa fue la tortura ejercida por sus captores, contradiciendo la declaración inicial de la gobernadora Rocío Nahle, quien sostuvo que la víctima falleció por un infarto.
Verónica Hernández Giadans, fiscal general, explicó que la víctima fue secuestrada el 18 de julio por presuntos miembros de La Mafia Veracruzana, un grupo criminal que extorsiona a taxistas en la zona norte del estado. Durante su cautiverio fue sometida a violencia física extrema que derivó en su muerte. Su cuerpo apareció el 24 de julio en una construcción abandonada de la localidad de Tepetzintlilla, en Tuxpan.
El caso adquirió un matiz político el 25 de julio, cuando Nahle declaró en entrevista que la maestra había muerto por infarto. La declaración provocó indignación entre colectivos feministas, organizaciones civiles y ciudadanos, que la acusaron de minimizar la violencia. Lejos de retractarse, el 29 de julio la mandataria reiteró que esa era la versión “les guste o no” y acusó una campaña mediática en su contra.
La investigación ministerial indica que cuatro personas —tres hombres y una mujer— participaron directamente en el secuestro y asesinato. Los implicados fueron detenidos inicialmente por otros delitos y, tras recabar pruebas, se les ejecutó orden de aprehensión por secuestro agravado. La jueza de control validó los indicios, entre ellos peritajes forenses, ubicación por geolocalización y testimonios de testigos.
Las autoridades vinculan el crimen con la difusión de un video en el que Irma Hernández Cruz aparece arrodillada, con las manos atadas y rodeada por hombres armados, leyendo un mensaje en el que insta a otros taxistas a pagar cuotas al crimen organizado. La grabación fue difundida horas después de su secuestro y es considerada una pieza clave para establecer la mecánica del delito.
Actualmente, los cuatro procesados se encuentran bajo prisión preventiva en el penal de Tuxpan, mientras se amplía la investigación para identificar a más miembros del grupo criminal. La Fiscalía ha desplegado junto con fuerzas federales un operativo en la zona norte para contener la ola de ataques contra taxistas.
Análisis: crisis de credibilidad
El caso expone un riesgo político mayor: la descoordinación y contradicción entre autoridades en hechos de alto impacto. La versión errónea sostenida por la gobernadora debilita la narrativa institucional y plantea interrogantes sobre la calidad de la información que recibe o decide difundir. En un escenario de creciente violencia contra mujeres y trabajadores del transporte, la confianza en las instituciones depende de que sus voceros transmitan mensajes claros, sustentados y sin margen para interpretaciones políticas.
