Sofía del Carmen Monsiváis Treviño, conocida por las autoridades federales como La Mojón y señalada como figura relevante dentro del Cártel del Noreste, fue liberada este jueves 7 de agosto tras una resolución judicial emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Tamaulipas.
La jueza de control Martha Patricia Rodríguez Salinas dictó sentencia absolutoria en favor de Monsiváis Treviño en el marco de la causa penal CP0004/2018, exonerándola de los cargos de asociación delictuosa, delitos contra servidores públicos y homicidio calificado.
El fallo fue notificado por Pedro Javier Venegas Grimaldo, jefe de la Unidad de Seguimiento de Causa de la Sala de Audiencias en Ciudad Victoria.
La resolución deja sin efecto la prisión preventiva que mantenía a la acusada detenida desde enero de 2018, cuando fue aprehendida en Nuevo Laredo por el asesinato del entonces coordinador regional de la Procuraduría de Justicia de Tamaulipas, Ricardo Martínez Chávez, sus escoltas y dos funcionarios adicionales.
La Mojón es considerada por organismos de seguridad como sobrina de Miguel Treviño Morales (Z-40) y Óscar Omar Treviño Morales (Z-42), fundadores de Los Zetas, actualmente presos en Estados Unidos por delitos de narcotráfico.
Durante años, la acusada fue señalada por su presunto papel activo en la reorganización de células criminales en Nuevo Laredo tras la fragmentación de Los Zetas.
Asimismo, fue investigada por su posible participación en el ataque armado contra personal de custodia del Centro Federal de Readaptación Social número 16, ocurrido el 10 de mayo de 2019, en el que cinco custodios perdieron la vida.
Este hecho, sin embargo, no fue incluido en el expediente resuelto por la jueza Rodríguez Salinas, por lo que su situación jurídica respecto a ese caso permanece indefinida.
La liberación de una figura considerada de alto perfil ha generado inquietudes sobre el funcionamiento del sistema judicial en un estado históricamente golpeado por la violencia del narcotráfico.
Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas no ha ofrecido postura alguna sobre la resolución ni ha confirmado si existen otros procesos activos en contra de la ahora liberada.
La decisión ocurre en un contexto en el que la política de seguridad de la región enfrenta críticas por parte de colectivos civiles, organismos internacionales y defensores de derechos humanos que insisten en revisar con lupa los expedientes que terminan en liberaciones polémicas.
