Luego de una protesta ciudadana registrada primero sobre el Periférico Ecológico y después en los alrededores del penal de Puebla, la Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que no se tiene constancia de ninguna denuncia formal por parte de las personas privadas de la libertad o sus familias. No obstante, ante los señalamientos públicos sobre presuntos actos fuera de la ley por parte de custodios y personal administrativo, la dependencia abrirá una investigación interna.
La SSP sostuvo que, si bien el derecho a la libre expresión es legítimo, toda acusación debe canalizarse por la vía institucional correspondiente, con evidencia documentada que permita su análisis jurídico. Hasta el momento, según el comunicado emitido por la institución, no existe ningún registro formal que acredite la comisión de faltas graves o violaciones a derechos humanos al interior de los Centros de Reinserción Social.
Los manifestantes acusaron presuntos actos de abuso, tratos crueles y extorsión dentro del penal. Aunque no hubo confrontaciones con elementos policiacos durante la jornada, la protesta visibilizó un creciente malestar entre familiares de internos. En respuesta, la SSP reiteró que en el Gobierno del Estado se privilegia el respeto a la legalidad y a los derechos humanos de las PPLs, por lo que cualquier irregularidad deberá ser atendida conforme a derecho.
A través de sus canales institucionales, la SSP hizo un llamado a los familiares de las personas privadas de la libertad para establecer un diálogo directo que permita esclarecer dudas, atender inconformidades y garantizar que las condiciones de reclusión sean transparentes y apegadas a la normatividad vigente. La dependencia también exhortó a formalizar las denuncias ante la instancia correspondiente para darles el seguimiento adecuado.
En paralelo, la institución expresó su disposición para colaborar con la Comisión Estatal de Derechos Humanos y demás autoridades en el proceso de verificación y acompañamiento de los procedimientos internos. Esto, con la finalidad de asegurar que el sistema penitenciario funcione conforme a principios de legalidad, reinserción social y salvaguarda de los derechos fundamentales.
La SSP enfatizó que sus centros penitenciarios operan bajo vigilancia constante, y que todo su personal debe someterse a evaluaciones y lineamientos estrictos para evitar prácticas indebidas. Si las investigaciones internas llegasen a confirmar conductas fuera del marco legal, se procederá con las sanciones correspondientes.
