El cuerpo del custodio aún yacía en el pavimento de Lomas de San Miguel cuando los primeros dos detenidos fueron interceptados. Huían en una motocicleta. Llevaban encima una pistola y un celular encendido. Eran los primeros eslabones de una cadena que, en cuestión de horas, guiaría a la Fiscalía General del Estado hacia un hallazgo más inquietante: una red operativa, compacta y bien armada, en la que confluían chalecos antibalas con siglas del CJNG, armas largas, narcóticos y una casa de seguridad en Santa Margarita.
Fue la fiscal Idamis Pastor Betancourt quien puso rostro institucional a los hechos. En una conferencia sobria, sin estridencias, confirmó lo que ya corría por los canales de información policial: no fue un crimen aislado. No fue una riña callejera ni una venganza improvisada. Fue una ejecución, con logística y respaldo, presuntamente ordenada por La Barredora, brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación. Y detrás del homicidio, seis detenidos: dos el mismo día del asesinato, y cuatro más detenidos en operativos posteriores.
Los cuatro nuevos arrestos no ocurrieron en el mismo sitio ni a la misma hora. Fueron producto de un rastreo meticuloso. Cada paso, cada llamada, cada cruce de datos entre placas de vehículos y domicilios en vigilancia cerró el cerco sobre los implicados. En uno de los cateos, las autoridades hallaron una camioneta, una motocicleta, rifles de asalto, chalecos tácticos con las letras “CJNG” y “Barredora”, y un mapa incompleto pero revelador de cómo operaban estas células en la periferia de Puebla capital.
La colonia Santa Margarita, donde se ubicó la casa de seguridad, fue durante días solo un nombre más en los informes. Calles angostas, comercios familiares, portones oxidados y un silencio que no parecía presagiar nada. Sin embargo, una puerta de lámina escondía lo que parecía un centro de tránsito: no era una guarida ni una base de fuego. Era un punto de paso. Un lugar donde se guardaban armas, se daban órdenes y se apagaban huellas.
Lo que sigue en la investigación es más que un proceso penal. La fiscal lo anticipó con cautela: hay una revisión profunda en curso sobre la infiltración del crimen organizado en los centros penitenciarios del estado. San Miguel, en particular, ha estado en el radar por denuncias internas, riñas, corrupción entre custodios y, ahora, por el asesinato de uno de sus propios trabajadores.
Pastor también aprovechó para informar que la FGE entregó dos cuerpos identificados a sus respectivas familias, pero que aún hay 38 cadáveres en proceso de identificación y 234 más en resguardo forense, sin que nadie los haya reclamado. “Son números que duelen, pero también nos comprometen a dar seguimiento hasta el final”, dijo.
Aunque los seis detenidos aún no comparecen ante juez, ya pesan sobre ellos los indicios suficientes para imputaciones por homicidio calificado, portación de armas de uso exclusivo del Ejército, delincuencia organizada y delitos contra la salud. La defensa legal, si llega, deberá argumentar en un entorno en que las evidencias físicas —chalecos rotulados, armas, vehículos, mensajes interceptados— dibujan un patrón claro.
La Barredora, hasta hace poco asociada con hechos violentos en estados como Guerrero, ha ido ampliando su radio de acción. En Puebla, su presencia parecía intermitente, hasta ahora. El asesinato del custodio no solo destapó su existencia; expuso su modus operandi: acciones quirúrgicas, movilidad rápida, respaldo logístico.
La historia no ha terminado. Los seis rostros ya tienen nombre y carpeta. Pero la red que los sostenía, las órdenes que obedecían y el sistema que permitió que operaran con impunidad aún están bajo investigación. La calle donde cayó el custodio ha sido limpiada. Pero la ciudad entera, de pronto, parece manchada por la sombra de lo que representa su muerte.
