El zumbido de los candados y el eco de las puertas metálicas acompañaron la entrada de los custodios estatales. Era el segundo día consecutivo en que la Secretaría de Seguridad Pública ingresaba al Centro Penitenciario de Puebla, con el objetivo de mantener el control, cerrar el paso a la corrupción y detectar objetos prohibidos. No era una rutina cualquiera: la inspección buscaba evidencias del descontrol que aún sobrevive en el sistema penitenciario.
En distintas zonas del penal, los policías hallaron 33 teléfonos celulares y casi 40 cargadores; bocinas, audífonos y hasta un videojuego portátil. Los registros también dejaron al descubierto 30 pipas, ocho básculas electrónicas y 24 artefactos punzocortantes, algunos de ellos fabricados artesanalmente. Un martillo hechizo fue también decomisado, lo que despertó preocupaciones sobre el riesgo que representan estos objetos en manos inadecuadas.
El gobierno de Alejandro Armenta ha convertido el tema penitenciario en una prioridad. La narrativa oficial subraya el respeto a los derechos humanos como eje rector de estos operativos, pero también la necesidad urgente de depurar la operación interna de los penales. La presencia reiterada de celulares, droga y armas caseras confirma que las redes de ingreso ilegal siguen activas. Por ello, las autoridades estatales anunciaron que este tipo de acciones se mantendrán de forma periódica, con inspecciones aleatorias para evitar el relajamiento de la disciplina carcelaria.
