Si este día se entera que el PAN, principalmente la diputada Susana Riestra Piña, monta un show mediático en el pleno del Congreso local durante la aprobación de la reforma al artículo 480 del Código Penal del Estado, relativo al ciberasedio, no crea que se debe a una convicción democrática o ideológica, sino que es la oportunidad que pretende crear para sacar todo el lucro posible del tema.
La legisladora, a la que podría sumarse algún integrante de su bancada, intentará hacer creer que Morena impuso, una vez más, una reforma sin agotar la discusión o con graves deficiencias jurídicas.
No es así.
Este día, los diputados discutirán y, en su caso, aprobarán la redacción final del artículo 480, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
“Comete el delito de ciberasedio quien, a través de las tecnología de la información y la comunicación, redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital, de forma reiterada o sistemática, realice actos de vigilancia, hostigamiento, intimidación u ofensa a otra persona, y como consecuencia altere su vida cotidiana, perturbe su privacidad o dañe su integridad física o emocional.
“Para determinar la existencia del delito, la autoridad deberá considerar el contexto de los hechos.
“Se perseguirá a petición de parte, salvo que la víctima sea niño, niña, adolescente, persona con discapacidad o exista una relación de autoridad o subordinación, en cuyo caso será perseguible de oficio.
“A la persona responsable de la conducta descrita en el presente artículo se le impondrá una pena de seis meses a tres años de prisión y multa de cincuenta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente en el momento de la comisión del delito. Cuando la víctima sea niña, niño, adolescente, la sanción se aumentará una tercera parte de la pena mínima y hasta dos terceras partes de la pena máxima.
“Quedan excluidos del presente artículo, la manifestaciones o críticas que estén orientadas a satisfacer el interés público, garantizar el derecho democrático o traten del escrutinio de cualquier órgano del Estado o persona servidora pública, y todas aquellas expresiones emitidas en el ejercicio legítimo de la libertad de expresión y el periodismo, en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales en la materia y demás disposiciones aplicables”.
Para llegar a esta redacción, la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del estado, Laura Artemisa García Chávez, puso en marcha un mecanismo de parlamento abierto, con foros en los que participaron casi todas las expresiones sociales y especialistas.
A la par, se establecieron mesas de discusión a las que fueron invitadas todas las fracciones políticas de la LVII legislatura local, se aceptaron todo tipo de propuestas de reforma y se incentivó a la participación colegiada.
¿Qué hizo el PAN? Abstenerse de presentar alguna propuesta de reforma y someterla a la discusión o análisis, pese a que se les convocó expresamente a hacerlo. Los panistas, entre ellos Susana Riestra, decidieron convertirse en los convidados de piedra, simular una participación y, al final, guardarse una carta para lucrar políticamente con el tema.
Hoy, no lo extrañe que dicha legisladora panista presente una propuesta de reforma totalmente diferente, orientada principalmente a eliminar la palabra ciberasedio y ofrecer un revoltijo jurídico, bajo el argumento de que el ciberacoso engloba todo lo que se pretende aprobar.
El problema es que, para llegar con argumentos firmes y sólidos, la panista debió de someter su propuesta a la discusión en los foros y mesas de trabajo para que fuera tomada en cuenta y, en caso de ser marginada, entonces sí advertir el sesgo.
Parafraseando ese viejo dicho popular, ahora pretende destapar el pozo para ahogar al niño y así culpar a Morena de la situación.
Esta postura, evidentemente, no solo pretende ganar reflectores y lucrar políticamente con un tema tan delicado, lo que confirma que para Acción Nacional primero esta la grilla que el interés público. O mejor aún: el interés público bien vale un buen lucro.
Hay otro punto adicional: Susana Riestra pretende sacarse la espina del bochornoso papel que jugó cuando se aprobó la Ley de Ciberseguridad, cuyo costo lo pagó directamente Mario Riestra, al ser culpado de encabezar una dirigencia entreguista y no poder hacer nada para que los timoratos yunquistas aprovecharan la coyuntura para revivir políticamente.
Esa torpeza en la discusión inicial, por ejemplo, orilló al dirigente estatal a tener que aceptar que Marcos Castro Martínez, el yunquista empleado de Eduardo Rivera, fuera ratificado en la coordinación de la fracción, lo que supuso un duro golpe político y de legitimidad.
Otro punto es que hace unos días Mario Riestra acompañó a su dirigente nacional Jorge Romero Herrera a otro circo mediático en la Ciudad de México, en donde presentaron una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Ciberseguridad en Puebla.
No le extrañe que Susana y Mario ahora intenten quedar bien con el Comité Ejecutivo Nacional del PAN luego del traspiés cometido tras la aprobación de la Ley de Ciberseguridad el pasado 12 de junio. En su lógica, eso les ayudaría a despejar cualquier duda del panismo sobre supuestos pactos con Morena y el poder en turno, aunque se ve muy difícil que lo puedan conseguir.
Al asumirse como oposición, los Riestra Piña deberán tener claro el alcance jurídico y penal de su paso por la administración pública en la época del morenovallismo y el galismo.
Por otro lado, no pierda de vista que, si a la discusión contra la reforma al artículo 480 del Código Penal de este día, se suma la diputada del PAN Celia Bonaga, entonces, quedará confirmada la ruta que pretende construir el exalcalde Eduardo Rivera Pérez: Presionar lo suficiente para forzar a algún tipo de acuerdo que lo salve de la cárcel ante el cúmulo de irregularidades detectadas en sus cuentas públicas 2022 y 2023.
Celia Bonaga, exsecretaria particular del fallido candidato a la gubernatura, es la punta de lanza en esta lucha. Su primera aparición ocurrió una semana después de que se aprobara la Ley de Ciberseguridad y del ataque sistemático orquestado en redes sociales en contra del gobernador Alejandro Armenta Mier, en el que se utilizaron granjas de bots de 12 países, para difundir la fake news de que el mandatario creó una ley para meter a la cárcel a todo aquel que lo insultara en redes sociales.
Este vil lucro de Bonaga quedó de manifiesto al presentar una iniciativa para derogar la Ley de Ciberseguridad y anunciar que el PAN apoyaría a todos ciudadanos que decidieran ampararse contra la norma.
Antes de la aprobación de la Ley de Ciberseguridad y durante la sesión de discusión, la diputada del PAN no dijo una sola palabra ni se apersonó a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.
Si la legisladora o Marcos Castro apoyan cualquier medida contra la reforma al artículo 480 no olvide que tampoco persiguen un interés ciudadano, solo pretenden salvar a su jefe de que no pise la cárcel.
