Iván Rivera
El gobierno de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta, prepara un nuevo movimiento para terminar con las herencias financieras que dejó el morenovallismo: la posible cancelación anticipada del contrato del Centro Integral de Servicios (CIS), edificado bajo el polémico modelo de Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS).
El mandatario recordó que su administración ya logró un acuerdo similar para rescatar el Museo Internacional del Barroco, cuya cancelación implicó el pago de 2 mil millones de pesos que se pagarán en la presente administración.
Ahora, la mirada del gobierno está puesta en otro elefante blanco. De acuerdo con ldatos proporcionados previamente por la Secretaría de Planeación y Finanzas, el contrato del CIS —firmado en 2013 durante el sexenio de Rafael Moreno Valle— tiene vigencia hasta 2037, y aunque originalmente se calculó una inversión de mil 372 millones de pesos, hasta el momento ya se han erogado 668 millones, dejando un saldo pendiente por cubrir de 704 millones más.
Construido por Alfa Constructores, empresa ligada a José Abed Rouanett, el CIS fue aprobado con una iguala anual de 161 millones de pesos por parte del gobierno estatal.
Armenta adelantó que el ahorro derivado de esta posible liquidación del CIS podría usarse para detonar un proyecto de movilidad urbana: la instalación de tres líneas de cablebús en la ciudad de Puebla.
La propuesta contempla rutas desde La Resurrección a Casa Aguayo; de la zona de Cinco de Mayo a La Carmela; y de la CAPU a Angelópolis, con conexión a la colonia La Paz.
Según el mandatario, este tipo de transporte público es eficaz y económico como ocurre en la Ciudad de México, por lo que es una alternativa viable para descongestionar vialidades.
El gobernador señaló que las irregularidades detectadas en proyectos como el Museo Barroco, la Estrella de Puebla, las ciclopistas y ahora el CIS, no fueron errores aislados, sino parte de la delincuencia organizada cometida desde el poder.
“No se ha dimensionado ni entendido que ustedes, están dejando de pagar 8 mil millones de pesos ustedes y sus hijos, que le pagaban a una empresa y presumiblemente, se estima que una parte llegaba a otras manos, porque esos convenios eso hacen: reparten. ¿Esos recursos a cuántas manos llegaba? El beneficio de las APP y PPS, hay que investigar, la Fiscalía tiene que investigar”, sentenció.
El gobernador señaló que las investigaciones deben incluir a Pegasus, un software espía utilizado durante el gobierno de Rafael Moreno Valle para vigilar a opositores políticos, activistas, periodistas y hasta a funcionarios, con recursos públicos.
