La Secretaría de Hacienda y Crédito Público respondió este martes a las acusaciones del gobierno de Estados Unidos sobre el presunto involucramiento de tres instituciones financieras mexicanas en operaciones de lavado de dinero vinculadas al tráfico de opioides. En un comunicado oficial, Hacienda negó la existencia de pruebas contundentes que acrediten delito alguno por parte de Vector Casa de Bolsa, CIBanco e Intercam Banco.
El caso ha generado especial atención por la inclusión de Vector, propiedad del empresario regiomontano Alfonso Romo, quien fuera jefe de la Oficina de la Presidencia durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Romo, figura clave en la interlocución con el empresariado nacional en 2018, abandonó el gabinete en 2020, aunque mantuvo cercanía con el proyecto de la Cuarta Transformación. Su regreso a la escena pública ocurre ahora desde una lista negra del Tesoro estadounidense.
A través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), el Departamento del Tesoro identificó a las tres instituciones como “una preocupación principal de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides”. Según el documento oficial, Vector habría facilitado operaciones del Cártel de Sinaloa y del Cártel del Golfo, incluyendo transferencias de más de un millón de dólares hacia compañías chinas proveedoras de precursores químicos para la elaboración de fentanilo.
CIBanco e Intercam enfrentan acusaciones similares: mantener vínculos financieros con organizaciones criminales y canalizar pagos en dólares para insumos usados en la manufactura de drogas sintéticas. La sanción emitida por EE. UU. bloquea cualquier operación entre estas entidades y el sistema financiero estadounidense, incluyendo transferencias digitales y monedas virtuales.
Hacienda respondió que la única información proporcionada hasta ahora contiene registros de transferencias electrónicas a empresas chinas legalmente establecidas, en un marco comercial que asciende a 139 mil millones de dólares anuales. La Unidad de Inteligencia Financiera detectó que más de 300 empresas mexicanas han realizado operaciones similares mediante diez instituciones nacionales.
Por su parte, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores inició una revisión regulatoria de las tres firmas señaladas. El proceso concluyó con sanciones administrativas por 134 millones de pesos por irregularidades operativas, sin que se encontraran indicios de delitos.
“La instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum es actuar con transparencia y sin encubrimientos”, subrayó Hacienda. “Si se presentan pruebas sólidas, procederemos conforme a derecho”.
