El Pleno del Senado aprobó la reforma a la Ley Antilavado y al Código Penal Federal que redefine el combate financiero al crimen organizado. Entre los cambios más relevantes se incluye el reconocimiento legal de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como víctima en los procesos judiciales por lavado de dinero, facultándola para colaborar con la Fiscalía General de la República desde el inicio de la investigación.
La ley amplía el universo de Personas Políticamente Expuestas (PEP), establece una vigilancia permanente sobre sus movimientos financieros y permite a la SHCP acceder a información sin necesidad de orden judicial. El listado de estas personas será construido por Hacienda con apoyo de gobiernos estatales, municipales y organismos autónomos.
También se modifican y amplían definiciones clave como “relación de negocios” y se agregan nuevas actividades vulnerables, entre ellas fideicomisos, desarrollo inmobiliario y uso de activos virtuales. Los notarios y corredores públicos deberán reportar operaciones sospechosas de forma electrónica y estandarizada.
La reforma impone manuales de cumplimiento obligatorios, sistemas automatizados y auditorías periódicas a los sectores de riesgo alto. Además, se elimina el requisito de dolo específico para sancionar a quienes entreguen información inexacta o falsa sobre operaciones financieras, medida que facilitaría sanciones más rápidas.
Organizaciones políticas y sindicales también quedan obligadas a reportar operaciones irregulares. La Secretaría del Trabajo y el INE deberán compartir datos estructurales sobre dirigencias, candidaturas y afiliación. La reforma se envió a la Cámara de Diputados para su discusión y eventual aprobación.
