Los partidos políticos podrían recibir advertencias sobre posibles riesgos en los perfiles de sus candidatos antes de registrarlos ante el Instituto Electoral del Estado (IEE), pero conservarían la decisión de postularlos, incluso cuando existan señalamientos que ameriten una revisión.
Esa es la propuesta del diputado Andrés Iván Villegas Mendoza, quien presentó una iniciativa para crear la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, un mecanismo preventivo con el que busca evitar que intereses delictivos lleguen a los cargos públicos mediante las postulaciones electorales.
La propuesta plantea reformar el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla para incorporar una revisión anticipada de los perfiles de quienes aspiren a competir por un cargo de elección popular.
Durante una conferencia de prensa en el Congreso del Estado, Villegas explicó que la comisión recibiría los listados de aspirantes proporcionados por los partidos políticos o por quienes busquen participar mediante una candidatura independiente.
El procedimiento no sería obligatorio. Cada partido podría solicitar la revisión de sus aspirantes antes de registrarlos, siempre con el consentimiento de las personas cuyos perfiles serían examinados.
Alertas confidenciales, sin cancelar candidaturas
La iniciativa introduce una diferencia entre advertir sobre posibles riesgos e impedir que una persona participe en una elección.
Según explicó Villegas Mendoza, cuando la comisión identifique un riesgo razonable en el perfil de algún aspirante, comunicaría sus observaciones de manera confidencial para que quienes promueven la candidatura dispongan de información adicional antes de tomar una decisión.
La alerta no significaría una descalificación automática ni tendría efectos directos sobre el registro electoral.
Los partidos políticos conservarían la facultad de decidir si mantienen la postulación, mientras que las personas aspirantes independientes también podrían continuar con sus procedimientos.
El legislador sostuvo que el mecanismo busca prevenir la infiltración de intereses delictivos en los cargos públicos sin vulnerar la presunción de inocencia de las personas examinadas.
Para ello, consideró indispensable proteger los datos personales e impedir que las revisiones sean utilizadas como instrumentos de difamación o confrontación electoral.
La responsabilidad regresaría a los partidos
El planteamiento coloca a los partidos políticos ante una decisión: solicitar voluntariamente información preventiva sobre sus aspirantes y determinar qué hacer cuando la comisión les comunique alguna observación.
Villegas señaló que el propósito es fortalecer la integridad de las candidaturas mediante información que permita identificar riesgos antes de que las postulaciones queden formalizadas.
Sin embargo, el esquema descrito no contempla la cancelación obligatoria de una candidatura cuando exista una alerta.
La propuesta tampoco precisa, en la información difundida, cómo estaría integrada la comisión, cuáles serían los criterios para determinar un riesgo razonable ni qué fuentes de información utilizaría para revisar los perfiles.
Estos aspectos resultan relevantes para conocer el alcance del mecanismo y las condiciones bajo las cuales podría operar dentro del sistema electoral poblano.
El legislador defendió la necesidad de intervenir desde la selección de aspirantes, antes de que posibles riesgos se conviertan en problemas para las instituciones públicas.
La iniciativa todavía debe transitar por el procedimiento legislativo correspondiente antes de convertirse en una obligación prevista en la legislación electoral.
Su alcance, tal como fue presentado, deja una distinción central: la comisión podría advertir sobre riesgos, pero no tendría facultades para vetar candidaturas.
Si la propuesta prospera, los partidos podrían conocer las alertas antes de registrar a sus aspirantes. Decidir si las toman en cuenta seguiría siendo responsabilidad de quienes eligen a sus candidatos.
